2013: Democratización de la Justicia

En el marco de los 40 años ininterrumpidos de democracia, Radio Nacional propone un ejercicio de memoria sobre aquellos acontecimientos que han marcado estas cuatro décadas.

Para ello, el Área de Contenidos y Memoria Histórica elaboró una centena de micros que dan cuenta de la evolución histórica del proceso político, social, económico, cultural y constituyen un testimonio de época.

Cada uno de ellos refleja el ambiente sociocultural del momento histórico referido, a partir de testimonios que son parte del Archivo Histórico de Radio Nacional.

El 8 de abril de 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un conjunto de proyectos con el objetivo de la “democratización, transparencia y agilización” de la Justicia.

Se basaba en su esencia, en seis ejes: Reforma al Consejo de la Magistratura; Ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial, al ministerio público o fiscal y también de la defensa; Ley de Publicidad de los actos del Poder Judicial; Ley de Creación de las Cámaras de Casación; Ley de Publicidad y Acceso Directo a las Declaraciones Juradas de los funcionarios, de los tres poderes del Estado y Ley de Regulación de Medidas Cautelares contra el Estado y sus Entes Descentralizados.

Fueron aprobados por el Congreso y promulgados en mayo de 2013, apenas un mes después, por el Poder Ejecutivo, que la había impulsado junto con otras iniciativas como parte de un paquete de reformas al Poder Judicial que se identificó como “Democratización de la Justicia”.

Inmediatamente después de promulgada la ley 26.855, se promovieron numerosas acciones judiciales, especialmente por parte de Colegios de Abogados y otros sectores vinculados a la Justicia.

Varios tribunales federales dictaron medidas cautelares que suspendieron los efectos de dicha ley mientras que el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 dictó sentencia declarando su inconstitucionalidad.

El 18 de junio de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la “inconstitucionalidad” de cuatro artículos de la Ley 26.855 que había incorporado cambios en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de proponer magistrados, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.

Este pronunciamiento implicó, entre otras cosas, dejar sin efecto la convocatoria a elecciones populares para los cargos de consejeros de la Magistratura, representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de postulantes del ámbito académico.