La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos presentó una nueva denuncia contra el gobierno de facto de Bolivia por crímenes de Lesa Humanidad.

Se trata de la denuncia penal por la muerte del periodista argentino Sebastián Moro, la primera en ese fuero hacia el gobierno dictatorial encabezado por Jeanine Áñez.

La presentación se hizo el  jueves 12 de marzo en Tribunales Federales de Córdoba. La denuncia es patrocinada por los abogados representantes de la Mesa de Trabajo por los DDHH, Claudio Orosz y Lyllan Luque.

Acompañaron a Orosz y Luque, la madre y familiares del periodista argentino Sebastián Moro, fallecido en dudosas circunstancias el 16 de noviembre del 2019, en un contexto de represión desatada tras el golpe de Estado en Bolivia.

La abogada querellante Lyllan Luque dio detalles de la causa en "Colectivo Nacional".

Raquel Rocchietti, madre de Sebastián, se constituyó de este modo en querellante en la primera causa penal que se abre en Argentina sobre la muerte del periodista en la antesala del golpe de estado.

Sebastián Moro era un comunicador comprometido con los Derechos Humanos y el periodismo militante. Era colaborador de Página 12 y se desempeñaba desde hacía dos años como jefe editor del periódico Prensa Rural.

Asimismo trabajaba como locutor de Radio Comunidad, ambos medios pertenecientes a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que fue arrasada en la insipiencia del golpe.

Sebastián anticipó las acciones destituyentes desarrolladas en la previa del golpe que derroco al presidente constitucional Evo Morales.

Fue encontrado la noche del 9 de noviembre, inconsciente en su casa, con múltiples politraumatismos. Falleció el 16 de noviembre debido a un ACV producido por dichos golpes.

Esta presentación judicial  se sumará a las anteriores denuncias por delitos de Lesa Humanidad llevadas a cabo por los distintos organismos de Derechos Humanos de nuestro país bajo el principio de "universalidad".

Tras el golpe de noviembre del 2019, se impulsa la investigación judicial en Argentina  para establecer la responsabilidad del Estado Boliviano respecto a las aberrantes, gravísimas  y sistemáticas violaciones a los DDHH, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto de Roma sobre la Justicia Universal.