El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, felicitó a la Policía Federal por una operación en la que se allanaron las residencias particulares y oficiales de uno de sus principales rivales políticos, el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, en una redada anticorrupción realizada por supuestos fraudes en contrataciones médicas para enfrentar la pandemia.

"Felicito a la Policía Federal; me enteré por los medios; felicitaciones a la Policía Federal", dijo haciendo la señal de que estaba sonriendo por debajo del barbijo, al hablar con periodistas y militantes en la puerta del Palacio de la Alvorada.

Pare el gobernador Witzel, también considerado un ultraderechista que dejó de ser aliado de Bolsonaro a fines del año pasado y profundizó las diferencias frente a las decisiones oficiales sobre cómo afrontar la pendemia, se trata esta megaoperación en su contra de una "interferencia evidente" del gobierno nacional en su contra.

Witzel fue hoy blanco de diferentes allanamientos, incluida su residencia oficial, por parte de la Policía Federal, en el marco de la investigación por un supuesto fraude en la contratación de empresas de salud para la construcción de hospitales de campaña contra la pandemia de coronavirus.

La operación fue informada oficialmente la Policía Federal, que precisó que se realizaron 12 allanamientos desde la madrugada de este martes en el estado de Río de Janeiro, entre ellos uno en el Palacio Laranjeiras, residencia oficial del gobernador Witzel, uno de los principales rivales políticos del Presidente.

El caso fue autorizado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), corte de tercera instancia que tiene competencia para actuar en las gobernaciones, y la operación había sido anticipada ayer en una radio por la diputada Carla Zambelli, bolsonarista que defiende una mayor acción de la Policía Federal contra los gobernadores que se oponen al plan oficial para afrontar la pandemia.

La Operación Placebo también allanó la oficina de la esposa de Witzel, Helena, y diversas empresas contratistas del área de la Salud.

La causa tiene que que ver con unos 836 millones de reales, aproximadamente unos 160 millones de dólares, adjudicados sin licitación por la emergencia sanitaria, a una empresa contratista especializada en insumos médicos para construir hospitales de campaña.

Fueron prometidos hasta el 30 de abril siete hospitales de campaña para los infectados por la pandemia pero apenas se inauguró un ala médica al lado del estadio Maracaná.

A partir de esta semana comienzan a abrir los otros hospitales, siendo Río de Janeiro el segundo estado con más muertos e infectados por la Covid-19, detrás de San Pablo.

La operación ocurre en medio de la tensión generada por la investigación contra el presidente Bolsonaro sobre su intención de manipular las pesquisas de la Policía Federal contra sus rivales políticos y para proteger a su familia.

El mandatario brasileño insulta habitualmente a Witzel por haber roto su alianza con él y decidido implementar acciones de aislamiento social para enfrentar la pandemia.

Bolsonaro también acusó a Witzel de intentar vincular a él y a sus hijos en la investigación de sicarios de bandas parapoliciales detenidos por el homicidio de la concejal socialista Marielle Franco, en marzo de 2018.

La tensión sobre el funcionamiento de la Policía Federal llevó al titular del Ministerio de Justicia, el ex juez Sérgio Moro, a renunciar a ese cargo el mes pasado, cuando pegó un portazo acusando al Presidente de querer acceder a informaciones secretas y bajo secreto de sumario de investigaciones contra sus allegados.

En los últimos tres años fueron presos -detenidos preventivamente o condenados- cinco ex gobernadores de Río por corrupción: Wellington Moreira Franco, Rosinha Matheus, Antonhy Garotinho, Sergio Cabral y Luis Fernando Pezao.

Witzel es del Partido Social Cristiano, un ex juez que defiende el uso de francotiradores en las favelas que puedan actuar sin orden judicial ante movimientos sospechosos y se erigió junto a Bolsonaro en las elecciones de 2018, prometiendo cambiar la forma de hacer política en el tercer estado más poblado de Brasil detrás de San Pablo y Minas Gerais.