Mariano Pedrero, abogado de los trabajadores que se hicieron cargo de la planta y la mantienen en producción hace 6 años, consideró que la decisión del juez Cosentino, que habilitó que un martillero ingrese a la planta para realizar la tasación, pone en riesgo a los obreros y obreras además de sus provedores.

Pedrero aseguró que la orden del letrado puede derivar en una represión y evaluó que "rematar una planta que está en plena producción, con las dificultades que atraviesan todas las empresas del páis, perticularmente las gestiones obreras, pero que está produciendo, rematarla es lisa y llanamente un crimen social".