Luisa Valmaggia dialogó con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, acerca de la denuncia penal presentada por el organismo contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y contra Diego Santilli, vicejefe a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad comunal por la represión ordenada en el marco de la despedida de Diego Maradona.

"Es obvio que estaban preparados para la represión, por el despliegue realizado", señaló el funcionario quien además señaló estar "cansado de las mentiras del gobierno de la ciudad", que miente en relación de las órdenes del Ejecutivo Nacional respecto a la orden de reprimir y que cuando se dieron los hechos, "no atendían los teléfonos".

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Además, señaló que cada vez que hay planteos sobre el accionar de la fuerza que comandan Larreta y Santilli, desaparecen las cámaras de seguridad. En tanto se refirió al hostigamiento que sufren en el distrito los pobres y comunidades como la senegalesa, y la constante violación de la ley y los convenios internacionales por parte de la Policía de la Ciudad.

En la denuncia, se solicita que se investigue a las máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad por los delitos de intimidación pública, abuso de autoridad y abandono de persona (artículos 211, 248 y 106 del Código Penal) "por el violento accionar llevado adelante por efectivos policiales".

La presentación incluye un compilado de imágenes "que prueban la represión violenta y desmedida".

El escrito señala que esas imágenes reunidas "no permiten suponer que los abusos policiales hayan sido desvíos individuales de algunos miembros de la fuerza porteña".

“La sistematicidad en el accionar y la violencia cometida por todos ellos da cuenta de una orden superior que dispuso la represión de esa forma: con balas de goma, gases, camiones hidrantes y detenciones arbitrarias”, agrega.

Además la denuncia aclara que el Gobierno Nacional no dio ninguna orden de reprimir ni despejar ni detener a persona alguna y hace responsable directamente a las fuerzas policiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La policía de la Ciudad detuvo a 11 personas imputadas presuntamente por “resistencia a la autoridad”.