El ataque de Rusia a Ucrania ha pasado de ser un posible conflicto relámpago a una guerra con una salida incierta. Y esto, para los Estados europeos, se va a traducir en un golpe económico de consecuencias impredecibles. Entre los sectores más afectados está el campo español, ya que tenía en Ucrania uno de los principales mercados de donde importaba cereales —maíz, principalmente— para la elaboración de piensos para la cabaña ganadera.
Por ello, el Gobierno se ha arremangado en Europa y presiona a la Comisión Europea desde hace una semana para buscar alternativas. El objetivo: impedir un encarecimiento mayor de los insumos, que a la postre provocaría un nuevo aumento de los precios de la alimentación y empujaría aún más a la inflación al alza.
España, a través del ministro de Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación , Luis Planas, insiste en Bruselas para la relajación de las exigencias comunitarias a la hora de importar cereales, aunque sea de forma temporal, y contrarrestar así la pérdida de la cosecha ucrania. En concreto, reclama que se flexibilicen “las medidas de la PAC para que se pueda incrementar la producción [de cereales]” en España y otros países comunitarios, aseguró el ministerio en un comunicado. Esto significa, por ejemplo, que se reduzcan las superficies en barbecho obligatorio y que se permita su siembra de manera temporal durante el conflicto. Este asunto ya se abordó en el pasado Consejo de Ministros comunitario extraordinario, y se ha vuelto a poner sobre la mesa en el comité especial de Agricultura que prepara los temas del próximo consejo, según fuentes del departamento.
Además, según estas fuentes, el Ejecutivo español también ha solicitado que se flexibilicen las exigencias sanitarias a la importación en Europa. Es decir, que se pueda comprar maíz que hasta ahora no era posible porque utilizaban fitosanitarios y transgénicos no permitidos en el Viejo Continente. Esto, en la práctica, facilitaría la compra de cereales desde Argentina, para los que existen restricciones (por su contenido en algunos residuos de productos fitosanitarios). Y también la importación de maíz y soja genéticamente modificados desde Estados Unidos o Brasil, previo control de la Agencia de Seguridad Alimentaria. “Estamos ante una situación excepcional que requiere de medidas excepcionales”, afirmó el ministro.
El temor en el campo español se fundamenta en la relevancia de las importaciones desde Ucrania para la alimentación animal. Se trata del segundo suministrador de maíz a España, solo por detrás de Brasil, con un volumen medio por temporada de 2,7 millones de toneladas, el 22% de las compras en el extranjero de este producto. En concreto, en 2021 las importaciones agroalimentarias desde el país del Este de Europa ascendieron a 1.027 millones de euros, principalmente cereales (545 millones de euros), especialmente maíz: 510 millones. Los aceites, por su parte, supusieron 423 millones.
“El maíz es el cereal más importado en España. Destaca Ucrania, que representa el 16% de las exportaciones internacionales de maíz y es el cuarto mayor exportador del mundo”, afirma el ministerio que dirige Planas. Tampoco se puede contar con las compras a Rusia, aunque estas eran mucho menores (un 0,5% del total de las importaciones).
En este contexto, en el que España tiene un “déficit estructural medio en la balanza comercial de las últimas cinco campañas de 14,7 millones de toneladas, cuyo destino principal es abastecer la cabaña ganadera”, según explica Agricultura, se hace más urgente la búsqueda de alternativas que eviten la puntilla para un sector agrario muy tocado. Asimismo, por la situación de guerra, no solo existe el problema de la pérdida de la producción de este año de Ucrania por una actividad comercial paralizada: también hay dudas sobre las posibilidades de siembra y producción para la próxima campaña, por lo que el déficit de estos cereales no se prevé que sea algo pasajero.
Fuente: El País, España
