La condena fue emitida por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín contra el exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros; el excomandante del batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y el exoficial de operaciones de esa dependencia Eduardo María Lance, por los llamados "vuelos de la muerte" de la última dictadura cívico-militar perpetrados por el Ejército.

Aquellos operativos consistían en arrojar vivos y drogados al mar a detenidos-desaparecidos que estaban en centros clandestinos, como los que funcionaron en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el más grande del país, o en Campo de Mayo.

Los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini ordenaron analizar el estado de salud de los condenados -quienes cumplen prisión domiciliaria- para determinar si están en condiciones de ir a una cárcel común a cumplir la sentencia, como lo pidió la Fiscalía.

En 2017, la Justicia había condenado por los "vuelos de la muerte" a una treintena de acusados, varios de ellos a perpetua, entre los que sobresalían los excapitanes Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta.

El juicio por esa "megacausa" duró cinco años y pasaron por el debate alrededor de 800 testigos.

El fiscal Marcelo García Berro dijo que los acusados cometieron privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos en forma reiterada, homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas.

Los casos abordados por el TOF fueron los de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace.

Estas personas fueron secuestradas entre 1976 y 1977, las trasladaron al centro clandestino de detención "El Campito", en Campo de Mayo y allí las torturaron. Finalmente las subieron a aviones y las arrojaron al mar o al Río de la Plata.

Los cuerpos de estas víctimas aparecieron en la zona de Punta Indio, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, o en la costa Atlántica.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en la causa, destacaron que gracias a los testimonios de exconscriptos, que relataron lo que vieron en Campo de Mayo entre 1976 y 1977, se pudo probar durante el debate el funcionamiento de "esta maquinaria planificada y sistemática que se utilizó para desaparecer y eliminar a miles de personas".

El TOF 2 de San Martín encontró a los exmilitares culpables del allanamiento ilegal y del secuestro, tormentos y homicidio.

Entretanto, el tribunal solicitó al Ministerio de Justicia que los incorpore al programa de vigilancia electrónica y que se les proporcione los dispositivos de geolocalización pertinentes.

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