En una madrugada histórica del 30 de diciembre del 2020, después de muchos años de lucha de los movimientos de mujeres, e intensificada en los últimos tiempos, el Congreso sancionó la ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La misma establece que se "debe regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible", enmarcándose  en disposiciones constitucionales que  reconocen los derechos sexuales y reproductivos, la dignidad, a la vida, la autonomía, la salud, la educación, la integridad, la diversidad corporal, la identidad de género, la diversidad étnico-cultural, la privacidad, la libertad de creencias y pensamientos, el derecho a la información, a gozar de los beneficios de los avances científicos, la igualdad real de oportunidades, la no discriminación y a una vida libre de violencias.

Minutos después de la sanción de la IVE, el Senado sancionó la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, número 27.611, conocida como  “Ley de los 1000 Días”.

Esta normativa crea la Asignación por Cuidado de Salud Integral y la incorpora al Régimen de Asignaciones Familiares, con cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario. Asimismo, se crea en el Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa para "la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años".