Las periodistas Claudia Acuña y Nancy Pazos estarán este viernes 26 de mayo entre las 10 y las 13 en la ciudad correntina de Curzú Cuatiá para entrevistar a familiares de Griselda Blanco, comunicadora local asesinada el pasado sábado 20 de mayo.

En Radio Nacional Santo Tomé, Claudia Acuña miembro de periodistas argentinas dijo "lo primero que vamos a hacer es encontrarnos con la familia para darle un abrazo, expresarles que no están solos, que vamos a acompañar todo este proceso". Luego expresó "este es un compromiso de todas las organizaciones de este país y tenemos mucha preocupación por cómo se va desenvolviendo la investigación judicial y que los vamos a acompañar".

La movida es para informar la insatisfacción de familiares de la víctima, sus hijos y amigos de la localidad, con la forma en que se instruye la causa. Autoridades judiciales de la provincia de Corrientes, al menos hasta ahora, centran la pesquisa sobre la expareja de Blanco. Detenido e imputado como presunto autor del asesinato en la figura de femicidio.

Acuña y Pazos cuentan con el acompañamiento de las entidades sindicales FATPREN y FOPEA, también harán un relevamiento sobre el caso y tomarán contacto con los medios de comunicación locales y provinciales.
Tanto los dos hijos de la víctima como la comunidad de Curuzú Cuatiá, piden que la investigación no descarte que el crimen haya tenido como móvil la actividad periodística de Blanco. La comunicadora había informado sobre amenazas tras dar a conocer denuncias contra un jefe policial de la provincia con asiento en Curuzú Cuatiá y también un hecho de mala praxis en un centro asistencial local.
Griselda Blanco tenía 45 años, su cuerpo fue encontrado por uno de sus hermanos el pasado sábado 20 de mayo por la tarde, alrededor del cuello tenía una soga, también una herida cortante en la misma zona y en una de sus manos fueron hallados cabellos.
La instrucción de la causa es llevada adelante por la policía federal a pedido de la fiscal provincial interviniente, María José Barrero Sahagún. Es porque la víctima había denunciado a miembros de la policía provincial y por eso la funcionaria judicial optó por requerir a la fuerza federal.