El proyecto es impulsado por la abogada especialista en derechos humanos y diputada provincial en Santa Fe por el bloque Lealtad Kirchnerista con la firma de varias provincias y juristas. Al respecto, la letrada justificó la presentación, describió lo que ocurre en Jujuy “como muy grave y preocupante” y advirtió que “el Poder Ejecutivo no puede mirar con indiferencia y tibieza” lo que está sucediendo en la provincia.

Matilde Bruera argumentó que “la provincia se debe intervenir en la situación en la que está porque se están violando derechos fundamentales y, sobre todo, el sistema republicano por la reforma constitucional”, entre otras razones.

"Las provincias tienen autonomía en la medida que respeten los derechos y garantías", enfatizó.

En ese sentido, advirtió que “no sólo se ha planteado una reforma constitucional que avasalla derechos fundamentales como el de la libertad de expresión y protesta y el de la propiedad ancestral de los pueblos originarios sino que se está ejerciendo la represión de una manera salvaje”.

A su vez, la también profesora de Derecho Penal explicó que se registran “detenciones arbitrarias, circulan vehículos y personas sin identificar y hay allanamientos ilegales”.

Ayer, la diputada del Frente de Todos (FdT) Gisela Marziotta presentó un proyecto que promueve la intervención federal a los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo de Jujuy ante la situación que atraviesa esa provincia tras la aprobación parcial de la reforma de la Constitución provincial, donde se limita el derecho a la protesta.

Marziotta dice en su iniciativa que es necesario esta medida para "restablecer la forma representativa, republicana y federal de gobierno (artículo 6º, C.N.), en resguardo de la vida, integridad y libertad de las personas humanas, y restablecer la supremacía de la Constitución Nacional (artículo36, C.N.), y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (artículo 75, inciso22º CN)".

Explica que su propuesta está contemplada en el artículo 6 de la Constitución Nacional que se refiere a la conmoción interior "por el intento de alterar la estructura jerárquica del orden jurídico establecido por los artículos 31 y 75, inc. 22º de la C.N. y la ostensible lesión a lo preceptuado por el artículo. 75, inc. 17 de la C.N. de reparación histórica a los pueblos originarios y su derecho a habitar en comunidad sus tierras ancestrales".

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo designará al Interventor federal, la cual se extenderá por un plazo de 180 días "prorrogables por el Poder Ejecutivo Nacional por un período igual" y que "para asegurar la normalización y pleno funcionamiento de los Poderes Provinciales el Interventor deberá convocar a elecciones".

También se dispone en la provincia intervenida "la inmediata caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo y de los miembros del Poder Legislativo" y que se declare "en comisión a los miembros del Poder Judicial".

En los fundamentos se dice que "el Gobierno de la Provincia de Jujuy decidió realizar una reforma parcial de la Constitución provincial, que en sus modificaciones contradice los principios garantizados por la Constitución Nacional".

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