Por su parte, el Gobierno de Gerardo Morales extendió un nuevo ofrecimiento salarial a docentes mientras el pueblo en la calle celebraba la liberación de algunos detenidos tras la represión registrada el martes por la aprobación y jura a la reforma parcial de la Constitución provincial. Los reclamos exigen la nulidad de los 66 artículos modificados en la Carta Magna jujeña o bien que el Ejecutivo provincial avance en su “inmediata” derogación.

El jueves se inició con una masiva marcha liderada por gremios docentes de Jujuy en el marco de un paro general que contó con el acompañamiento de la Ctera nacional adhiriendo a la medida fuerza en todo el país tras la represión policial del pasado martes en la capital provincial.

"Hoy las calles son nuestras aulas. Vamos a seguir insistiendo que la represión no es una solución a la conflictividad social, y quienes protestamos no somos delincuentes", expresó Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems).

Con la premisa "Arriba los salarios, abajo la reforma", se sumaron trabajadores estatales, organizaciones sociales, agentes del sistema de salud en un claro mensaje destinado al gobernador Gerardo Morales para que “escuche al pueblo”, sobre las consignas de aumentos salariales y condenaron las acciones represivas.

El reclamo contó con la presencia de secretarios generales y dirigentes docentes de Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Santiago del Estero, CABA, Buenos Aires, Neuquén, entre otras provincias.

Hacia la tarde los referentes de los educadores se reunieron con autoridades de Gobierno en las instalaciones del Ministerio de Educación provincial, en la zona sur de la capital para retomar la discusión salarial.

Sobre ese punto, el ministro de Finanzas y Hacienda de Jujuy, Carlos Sadir, indicó que el ofrecimiento alcanza los “200 mil pesos como mínimo de salario docente para un educador que no tenga antigüedad”.

Más adelante precisó que se pagará por la hora cátedra $4.000 y ello “va disparando los distintos conceptos”.

“Hemos hecho aumentos en muchos conceptos y llegamos a un valor mínimo para los haberes del mes de junio”, aseguró para luego requerir que levanten las medidas de fuerza.

Por su parte, la dirigente del Cedems, Sosa, refirió que la reunión se abrió “denunciando la represión y solicitando que las autoridades garanticen que ningún manifestante se sienta amedrentado, como también la liberación de los detenidos”.

“Hemos denunciado que la reforma de la Carta Magna no tuvo el consenso de los docentes porque no garantizó el dialogo, la escucha y análisis y esto generó el enojo”, agregó la educadora.

En relación a la propuesta salarial del Gobierno afirmó que está “supeditada a la aceptación, es decir si no aceptamos la oferta nos van a liquidar el sueldo con incrementos del mes pasado y la aplicación de descuentos por los días de huelga”.

Sobre el concepto denominado Presentismo, “se logró que se convierta en otra nomenclatura” y seguirá en discusión, mientras que la hora cátedra “pasará a $4.000 y lleva un salario básico de 15 horas a $60.000”.

Los docentes Cedems y la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) llevarán la propuesta a sus asambleas, aunque cabe recordar que en todo momento pidieron “un piso salarial que iguale la canasta básica ($217.000), además de aumentos al salario básico y la hora cátedra, entre otros puntos.

“Vamos a poner a consideración de las bases esta propuesta y son ellas las que decidirán su aceptación o no”, dijo tras la reunión Silvia Vélez, secretaria general de Adep, por lo que los maestros tomarán decisiones en el Congreso gremial, sobre el salario básico que escalará a $62.000.

La negociación se extendió por más de dos horas y en todo momento se mantuvo en paralelo la manifestación de la comunidad educativa a las afueras del edificio gubernamental, con incesantes cánticos especialmente creados para potenciar sus demandas.

En tanto, persistían múltiples cortes de rutas en la provincia, donde las comunidades indígenas exigieron la “nulidad” o “derogación” del texto normativo y denunciaron “la persecución y cacería” contra dirigentes nativos.

“Quedó en evidencia la actuación del Gobierno utilizando camionetas sin patente, allanamientos sin orden judicial”, por lo que “vamos a responsabilizar al Ejecutivo por la integridad física de los referentes comuneros”, advirtieron.

Por la noche, otro colectivo de manifestantes celebraba en inmediaciones de las unidades penales 3 y 7 del barrio Alto Comedero, la libertad de algunas de las personas apresadas durante el ataque represivo del pasado martes.

Abogados de derechos humanos señalaron este jueves a Télam que se agotaron los plazos procesales de las personas privadas de su libertad por lo que “no había motivos para tenerlos encarcelados”.

Poco después de las 21 habían recuperado su libertad los primeros detenidos, al tiempo que los activistas expresaron su repudio al enfatizar que “no es un delito protestar”, para luego poner en tela de juicio el “violento accionar de los efectivos policiales, realizando una cacería de ciudadanos”.

Para conseguir la liberación de los afectados, los asesores legales realizaron ante el Poder Judicial de Jujuy presentaciones de habeas corpus, con el cual se expresaban en contra de la “privación ilegítima de la libertad” y solicitaban el cese de detención.

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