Con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de cortes, bloqueos o piquetes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el jueves pasado el "protocolo para el mantenimiento del orden público".
La Resolución N° 943/2023 del Ministerio de Seguridad fue publicada en el Boletín Oficial el 14 de diciembre y señala que es un delito en flagrancia cualquier corte que habilita la actuación de las fuerzas de seguridad. Por otra parte sostiene que los manifestantes pueden ser denunciados y que las organizaciones son pasibles de perder su personería. Además faculta al Ministerio de Seguridad confeccionar un registro de las organizaciones que se manifiesten, acto que viola la Ley de Inteligencia, ya que impide almacenar información de personas o grupos por razones políticas, sociales o sindicales Otro de los punto agrega que si es un migrante quien se manifiesta, puede ser deportado. En uno de sus artículos consigna que se le comunicará a la autoridad a cargo de la protección de los menores cuando se compruebe que se ha llevado a niños o adolescentes a la concentración.
En conferencia, la ministra Bullrich anunció que "las cuatro fuerzas federales" pueden intervenir "si hay un delito flagrante" durante las manifestaciones en la vía pública y que "la forma de pedir o buscar un beneficio social" ya no es "por la vía del corte".
La resolución impulsada por Bullrich derogó otro de 2010 que llevaba la firma de la entonces Ministra de Seguridad, Nilda Garré, que en su consideración era un “protocolo garantista”. Aquella resolución limitaba la represión tras los asesinatos de manifestantes en 2001 y 2002 y en el Parque Indoamericano en 2010. El ahora vigente, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes.
El anuncio provocó el rechazo de agrupaciones sociales, sindicales, organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos quienes consideraron que la medida es "inconstitucional" puesto que establece que la protesta social deja de ser un derecho para pasar a ser un delito.
La primera gran movilización prevista tras el anuncio del Ministerio de Seguridad será el miércoles 20 de diciembre, al cumplirse 22 años de las jornadas de diciembre de 2001, en el final del gobierno de la Alianza, del que la ministra Bullrich fue funcionaria.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales adviertieron que el anuncio de Bullrich “va a impedir con represión la protesta social” y que lo hizo “en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales bajo la promesa de orden. Agregaron que “las medidas atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política”.
Dialogamos con Victoria Darraidou, Coordinadora del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.
