En comunicación con “Falta el resto”, el fiscal general Dante Vega dio las pautas principales acerca del comienzo del sexto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza estipulado a partir del 27 de octubre. Pese a “las dificultades para integrar tribunales con jueces de la jurisdicción” -por ejemplo, el TOF 1 estará conformado por los jueces Alejandro Piña y el bonaerense Daniel Cisneros y la jueza puntana Gretel Diamante y aún está sin definir el cuarto juez-, enfatizó que “aquí se ha dado una respuesta seria al terrorismo de Estado”. En ese sentido celebró la concreción de este nuevo proceso -“dado el difícil contexto que atraviesan en general los juicios de lesa humanidad en el país, con atrasos y dilaciones”-, que concentra a 12 causas individuales y grupales, y reúne a 28 imputados -11 de los cuales no habían sido juzgados hasta el momento- que fueron parte durante el terrorismo de Estado del Ejército, la Policía Federal y la Policía de Mendoza.
Entre las novedades respecto a los anteriores juicios destacó la posible presencia por primera vez del represor múltiple condenado -y por entonces máximo responsable del III Cuerpo del Ejército- Luciano Benjamín Menéndez. Respecto a los hechos dijo que “concentramos todas las fuerzas y modalidades represivas” como desapariciones forzadas como la de Olga Inés Roncelli de Saieg; las ejecuciones sumarias de Amadeo Sánchez Andía, Víctor Romano Rivamar, Susana Bermejillo y Mario Susso, privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos. En cuanto a los centros clandestinos que serán abordados por primera vez están “Campo Las Lajas”, con víctimas letales como María del Carmen Almazán y su padre, Carlos Marín, y el Casino de Suboficiales, adonde fueron recluidas y sometidas a torturas varias mujeres. Vega también refirió que aún no se incorpora la mayor de las causas referidas al accionar ilegal de la Fuerza Aérea -que elevaría considerablemente el total de imputados-, por lo cual pedirán su acumulación.
Además consideró que desde hace tiempo -y con la futura realización en paralelo de tres procesos orales y públicos de este tenor-, “Mendoza está a la vanguardia en materia del juzgamiento sobre los crímenes del pasado reciente”, y que esto obedece “al tesón y compromiso de los Organismos de Derechos Humanos, de los abogados querellantes y de la Oficina de asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos a su cargo. En relación a la continuidad en democracia de las prácticas represivas de la dictadura, explicó que “este es un país de larga y ominosa tradición autoritaria y caracterizado por la falta de institucionalidad, por la solución violenta de los problemas políticos y el recurso al autoritarismo”. Entonces, “el elemento autoritario y la mal llamada justicia por mano propia siempre va a surgir y es misión de todos nosotros como ciudadanos detectarlo, acudir a las autoridades y neutralizarlo mediante la respuesta jurídica”.
Informe de Sebastián Moro. Fotografìa: gentileza juiciosmendoza.wordpress.com.
