La iniciativa fue presentada por el diputado provincial del Frente Grande Raúl Podestá en la Legislatura. Quienes aparezcan en el registro no podrán ser ni policías, ni docentes, ni proveedores del Estado, ni candidatos a elecciones provinciales o municipales.

Raúl Podestá explicó que la idea es establecer un registro público para avanzar en la prevención sobre delitos de violencia de género y establecer algunas restricciones para personas con antecedentes.

“El ingreso del violento al registro lo hace la justicia luego de establecer la condena” aclaró.