La empresa pidió un incremento tarifario del 47,21% para el período comprendido entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2019 y del 103,26% respecto a los valores vigentes desde la última revisión tarifaria ordinaria.
La defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, cuestionó el pedido de aumento de la empresa provincial Aguas Rionegrinas (ARSA) y planteó que "no es viable".
ARSA fundamenta el pedido en la "variación significativa de los costos operativos y de mantenimiento" pero Santagati señaló que "el ajuste incidirá de forma negativa sobre los usuarios si se tiene en cuenta la delicada situación económica actual y el grado de esfuerzo sostenido que viene demostrando la sociedad en su conjunto, frente a los continuos y altos costos aplicados en forma generalizada".
Su opinión está en línea con planteos similares que realizó en audiencias sobre otros servicios públicos y con ell criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Nos encontramos ante la presencia de un derecho humano y el Estado debe tener una especial prudencia y rigor a la hora de determinar el valor de las tarifas, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, evitando restricciones a los derechos de los usuarios", ponderó.
La defensora del Pueblo de Río Negro subrayó que si se autoriza el aumento pedido "el resultado será una tarifa injusta" que "no sólo resultaría onerosa para el usuario en general, sino confiscatoria para quienes perciben una jubilación mínima o un salario mínimo vital y móvil".
Teniendo en cuenta que es una obligación del Departamento Provincial de Aguas (DPA) otorgar plena operatividad a la Ley 3.928 de "Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Agua potable y Desagües cloacales" respecto a aquellos sectores más vulnerables, Santagati definió que el porcentaje de aumento del nuevo cuadro tarifario solicitado "no es viable" y pidió que que se analicen "otras variables que permitan reducir al 'mínimo' su actualización".
En ese marco, apeló a "la responsabilidad del ente regulador DPA, para que al momento de resolver el requerimiento de ARSA tenga una mirada amplia conducente a fortalecer el derecho humano al agua y al saneamiento en lugar de retroceder al efectivo derecho constitucionalmente reconocido".
