La sociedad mendocina manifestó masivamente el diciembre del año pasado su rechazo a la modificación de la ley 7722, que protege el uso de agua en Mendoza. No obstante la posibilidad de discutirla nuevamente parece haber vuelto a raíz del planteo del departamento de Malargüe.

El presidente del Partido Verde, Emanuel Fugazzoto, expresó en diálogo con LV4 que “no es toda la sociedad de Malargüe, en su conjunto” la que otorga licencia social al departamento para la explotación minera y señaló que no se puede sectorizar la actividad porque el agua de toda la provincia es la misma, “no empieza y termina en un departamento”.

“Malargüe está desalojando a los puesteros, una actividad reconocida internacionalmente por desarrollar una ganadería de bajo impacto. Hay un claro interés de sectores privados por esas tierras”, afirmó el ambientalista.

Al planteo que es necesario diversificar la matriz productiva –mediante la explotación de la minería- para mejorar la crítica situación financiera de Mendoza, Fugazzotto afirmó que “las cuentas de la Provincia van a estar mal si se sigue complicando y censurando las actividades e industria local; invirtiendo una gran cantidad de plata en propaganda pública (1.500 millones), además del endeudamiento al que se sometió a la Provincia en los últimos 4 años siguiendo la línea con el gobierno nacional. Ese endeudamiento nos tiene hoy oprimidos en lo que hace a las cuentas públicas”.

De esta manera el licenciado evidenció que desde su sector político rechazarán cualquier tipo de modificación que se proponga a la ley 7722, “que no es una ley anti minera sino que protege el valor del recurso hídrico tan escaso en la Provincia –sin agua no hay vida- y debe ser utilizado para satisfacer a los intereses de la mayoría que ya se expresó masivamente en el pasado diciembre histórico”.

Finalmente Fugazzotto expresó su deseo que las organizaciones ambientalistas puedan participar en la audiencia pública por el ordenamiento territorial que se realizará el 4 de enero en Malargüe.