La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un "protocolo para el mantenimiento del orden público" con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como "inconstitucional" y una "amenaza" ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno. En este sentido, Julián Jarupkin, referente provincial de Libres del Sur, dijo: “No es solamente una cuestión contra los movimientos sociales, sino que es algo contra todo el campo popular y sobre todo contra la clase media y las pequeñas empresas”.
Bullrich anunció que "las cuatro fuerzas federales" podrán intervenir "si hay un delito flagrante" durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
Jarupkin, manifestó que las medidas son “globales” y afectarán no solamente a los movimientos sociales, sino también a la clase media, a las pequeñas empresas. “Quienes van a sentir el ajuste mucho mas rápido, van a ser los sectores que menos ingresos tienen y esos ingresos los utilizan para comer”, indicó y recordó que quien recibe un programa de ayuda, lo utiliza para comprar comida.
Consultado sobre si conmemorarán en la calle el 19 y 20 de diciembre, jornadas emblemáticas para la lucha social en el país, Jarupkin mencionó: “Esperemos que sea una jornada tranquila, en paz y de memoria, se trata de una jornada de presencia de los sectores sociales y de familiares de las víctimas de aquellos días”.
Por último, dijo que descartan algún reclamo y aseguró que no se quiere generar conflicto.
