El juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia penal en la que Silvio Robles, el colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, había sido acusado de sugerir al exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, sobre cómo proceder en la causa iniciada por la controversia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.

El magistrado tomó esa determinación en coincidencia con el dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli, quien consideró que no se podía avanzar en una investigación penal basándose en un delito como la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas.

La acción la había iniciado el abogado Gastón Matías Marano, quien dijo haber tomado conocimiento de los chats intercambiados entre Robles y D'Alessandro en base a la aplicación Telegram "a través de distintos medios de comunicación", y en cuanto a su contenido "refirió que incluirían consejos, por parte de Robles, respecto a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial" relacionado con el Consejo de la Magistratura.

Stornelli interviene también en una denuncia presentada por D'Alessandro por "la posible existencia de maniobras de inteligencia ilegal" como "parte de un plan criminal sistemático que califica como dirigido a dañar, ante la opinión pública, su imagen y reputación, tanto como la de otros funcionarios y magistrados".

En esta causa, el fiscal aseguró que la utilización de mensajes obtenidos a partir de la filtración del celular de D'Alessandro constituye un "obstáculo insalvable" que impide continuar con la investigación.

Además, Stornelli determinó que en la denuncia del abogado Marano no había "ningún medio o elemento autónomo y autosuficiente" distinto de aquellas supuestas comunicaciones que podrían haber sido obtenidas ilegalmente, y expuso que convalidar la investigación con elementos que habrían sido obtenidos como fruto de un accionar delictivo colisionaría con "los más básicos e irrenunciables principios constitucionales".

Para Stornelli, ingresar al estudio de lo denunciado o asumir cualquier temperamento que implicara la prosecución de la acción iría en contra de la doctrina del 'fruto del árbol venenoso'".

En apoyo de su dictamen, el fiscal citó precedentes judiciales que involucraban a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la grabación de una comunicación telefónica obtenida sin consentimiento de ambos interlocutores, en los que los principios y garantías de la intimidad prevalecieron sobre cualquier pretensión punitiva.

"El dictamen fiscal se encuentra debidamente razonado y justificado", remarcó Ramos al disponer "archivar la presente denuncia en concordancia con lo propuesto, en razón de que no se encuentra habilitada por parte de quien detenta la potestad de acusar, la acción penal".

Marano, el abogado que había presentado la denuncia contra Robles, es el mismo que interviene en la causa por el atentado contra la Vicepresidenta como defensor de Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar imputado como partícipe en el intento de asesinato.

Letrado de muchas conexiones y muy conocido en el ambiente judicial, Marano presentó la denuncia contra Silvio Robles a principios de este mes en Comodoro Py, cuando ya tramitaba otra denuncia contra el asesor de Rosatti en el fuero federal de Santiago del Estero.

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