Perú vivió el lunes una jornada de extrema tensión, ni siquiera suavizada por el anuncio de la presidenta Dina Boluarte de que promoverá el adelanto de las elecciones para abril de 2024, por las crecientes protestas de miles de pobladores en varias ciudades y regiones, que incluyeron bloqueos de rutas y ocupaciones de mercados y universidades, y dejaron siete muertos, mientras en el Congreso avanza una denuncia constitucional contra el exmandatario Pedro Castillo, ya sin fueros y detenido.

Ramiro Poce, del Servicio Informativo, traza un panorama de la situación política y social peruana.

"Interpretando la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para abril del 2024", dijo Boluarte en un mensaje a la nación difundido por televisión apenas comenzado el día.

La propuesta implica recortar en dos años el mandato en curso, iniciado en 2021 por el depuesto Castillo, y buscaba aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato.

Pese a las protestas, "está descartada una renuncia de la presidenta", aseguró el ministro de Defensa, Alberto Otárola.

El anuncio del adelanto de las elecciones no calmó los ánimos y las protestas crecieron en número e intensidad: grupos de ciudadanos incendiaron la comisaría de Huancabamba, una localidad en el departamento Apurímac, donde el domingo murió la primera persona en el contexto de estas manifestaciones.

Asimismo, tomaron el aeropuerto de Arequipa, luego recuperado por las autoridades, y saquearon un mercado en la misma ciudad -la segunda más importante de Perú-; cortaron al menos unas 30 rutas en todo el país; y marcharon por no menos de 10 ciudades.

Cuatro jóvenes murieron ayer en el departamento sureño Apurímac y un hombre falleció en Arequipa con lo que totalizan siete las víctimas fatales en el contexto de las protestas desatadas en Perú desde que el miércoles pasado cuando el presidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso y sucedido por la hasta entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.

En Chincheros, capital de la provincia homónima en Apurímac, fallecieron Jhonatan Lloclla Loayza, de 26 años, por disparos en el pecho efectuados "a larga distancia", según testigos, y un menor de 16 años cuyo nombre no trascendió, informó el hospital local.

Más tarde se reportó la muerte de Jonathan Arias y Wilfredo Lizarme, ambos de 18 años, en Andahuaylas, también parte del departamento Apurímac.

La Defensoría del Pueblo cifró además en 32 civiles y 24 policías los heridos en los días de protestas, y al menos ocho de esas personas permanecían internadas hasta anoche.

El domingo se reportó la muerte de un joven de 18 años en Huancabamba y la de un adolescente de 15 en Andahuaylas, ambas ciudades del departamento Apurímac, y hoy, más temprano, la de un hombre de 30 en Ciudad Municipal, en el departamento Arequipa.

Un hombre de unos 30 años, murió en Ciudad Municipal, Arequipa donde la Policía reprimió un intento de los manifestantes de tomar una comisaría, según fuentes policiales citadas por la radio RPP.

La víctima, que no había sido identificada, era hasta entonces la tercera mortal desde el inicio de protestas en varias regiones de Perú para exigir la renuncia de Boluarte y elecciones generales anticipadas tras la destitución de Castillo.

Un medio local de Arequipa, El Búho, dijo que el hombre muerto recibió dos impactos de bala en el pecho, y que otras seis personas resultaron heridas por perdigonadas.

Otros dos manifestantes murieron el domingo en otra protesta en el sur del país, en la ciudad de Andahuaylas, en el departamento (región) de Apurímac, dijo el Ministerio del Interior.

En tanto, los gobiernos de la Argentina, Colombia, México y Bolivia hicieron un llamado para que se priorice "la voluntad ciudadana" en Perú y exhortaron a "quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio", en un comunicado conjunto referido a la reciente destitución de Pedro Castillo de la presidencia de ese país.

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