Con la quita de subsidios al transporte público por parte del gobierno nacional un nuevo estudio de costos arrojó un boleto de $1343. Ante eso la oposición reunida en el espacio Rosario Sin Miedo realizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento y algunas propuestas.

El concejal Mariano Romero manifestó: “El Intendente pretende trasladar la totalidad del costo del ajuste directamente al usuario, entendemos que la situación requiere mucha prudencia y mucho compromiso, pero este traslado va a ser lesivo para el sistema”.

Ante eso, el ex candidato a Intendente Juan Monteverde propuso que “aumentando un 6% la recaudación del DReI a un pequeño grupo de empresas de la ciudad que son contribuyentes estratégicos podemos conseguir la mitad del fondo compensador nacional” y manifestó que “este pequeño aumento de la alícuota no le hace daño a la rentabilidad de la empresas y de esa manera evitamos que sea el usuario el que tenga que llevar el costo del aumento”.

Por su parte la Diputada Provincial Lucila de Ponti propuso como fortalecer el Fondo Compensador del Transporte provinciala través de “la modificación de dos aspectos del impuesto de los ingresos brutos, uno tiene que ver con la actividad de transformación de oleaginosas a la que se le duplica la alícuota a pagar y otro que tiene que ver con el tonelaje de la actividad portuaria donde también se genera un incremento por volumen de movimiento”. Además la legisladora agregó: “Sumamos un aporte extraordinario que queremos que a través de una ley se le solicite a las empresas exportadoras que operan en los más de 30 puertos de la provincia de santa fe” también aclaro que “tendría un carácter transitorio hasta tanto Nación restituya los fondos que le corresponden a la provincia de Santa Fe.

Por su parte, el Diputado Nacional Eduardo Toniolli manifestó que buscarán la conformación de un comité de emergencia que obligue a Nación a sentarse con todos los interlocutores para buscar una solución de fondo”. También adelantó que presentarán “un amparo junto con trabajadoras de casas particulares porque de aumentar el boleto ir al trabajo implicaría una confiscación directa de sus ingresos”.