Las reformas impulsadas por el oficialismo -que continúa a partir del 10 de diciembre con Alberto Weretilneck-, en el código minero y Ley de Tierras, ya tiene una primera vuelta aprobada por mayoría, y aguarda su tratamiento en segunda vuelta entre el 6 y 7 próximos. Fernando Kosovsky, quien es abogado fundador del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT); e integrante de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) brindó su interpretación de acuerdo a las modificaciones propuestas y el modo inconsulto del procedimiento y tratamiento de las mismas.
Los proyectos que alcanzaron la aprobación por primera vuelta, proponen modificar la actual Ley de Tierras fiscales, sancionada en 1961. En principio, la legislación original entiende a la “tierra como instrumento de producción” y plantea la “radicación efectiva y estable de la familia agraria”. En su artículo 15 y ampliando esa posibilidad propone que una “unidad de uso puede destinarse a la toda actividad económicamente rentable, socialmente valiosa o ecológicamente sustentable”, incluyendo la “agrícola, pastoril o ganadera, forestal, energética, minera, turística, industrial, de servicios, tecnológica, actividades culturales, relativas a la conservación o mixtas”.
Además, se excluyen del marco propuesto “los reclamos, reconocimientos y titularización de la posesión y propiedad de comunidades originarias”, quedando su tratamiento para la Ley Indígena (N° 2287) y las normativas nacionales.
A su vez, la adecuación legislativa para la minería propone otro Código de Procedimiento fundamentado en “optimizar, transparentar y modernizar la administración de los recursos mineros, su control y los trámites de concesión minera”. También modifica la ley de regalías mineras, fijando un importe único del 3% del valor de la bocamina del mineral extraído. Actualmente existe dicho porcentaje, pero se combina con un 2% cuando el mineral “sufre procesos intermedios y/o finales de elaboración” en Río Negro. Asimismo, se reduce la cuotaparte de municipios, (que además incluirá a “las Comisiones de Fomento del área de Influencia”), pasando del 30% al 15%. Otro recorte que se prevé es en la previsión para Minería, que era del 20% y cae al 10%.
Conversamos con Fernando Kosovsky, quien también es abogado defensor de diferentes comunidades indígenas en la región.
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