La iniciativa fue expresada en un documento surgido del primer plenario anual de defensorías del pueblo realizado en San Martín de los Andes, mediante el cual se reclama la incorporación del concepto de Pobreza Energética a las tarifas de electricidad y gas, con el objeto de que el pago de esos servicios no pueda en ningún caso comprometer más del 10 por ciento de los ingresos familiares.

En diálogo con nacional, el defensor del pueblo y el ambiente de la localidad, Fernando Bravo, brindó detalles sobre los alcances del concepto de pobreza energética, al que describió como mucho más inclusivo y justo que la tarifa social.