La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo una presentación judicial para lograr que sean retirados los agentes policiales de la puerta de las instituciones educativas porteñas afectadas por tomas u otras protestas estudiantiles.

La presentación -con formato de hábeas corpus- se conoció en momentos en que al menos 13 colegios de la ciudad de Buenos Aires se encontraban tomados en reclamo de mejores viandas y en contra de los defectos de infraestructura edilicia y de la obligación de hacer prácticas laborales en empresas, mientras en otros siete se registraban pernoctes.

En la denuncia efectuada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se especifica que la presencia policial en la puerta de los colegios donde se desarrollan las protestas representa "una amenaza a la libertad personal" de los estudiantes.

De acuerdo con las fotos, videos y la nota periodística que se acompañan, los policías -además de verificar quién ingresa y sale de los colegios- "sacan fotos de los/as estudiantes, graban videos y les requieren información", añade el texto presentado.

En el escrito, se indicó que los estudiantes "son mayoritariamente menores de edad que no pueden ser detenidos/as ni imputados por supuestas contravenciones", por lo que la presencia policial "sólo persigue un efecto intimidatorio" para que los estudiantes "cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades".

La presencia policial en la puerta de los colegios y en los domicilios particulares de los padres de los alumnos para notificarlos de supuestos delitos contravencionales, fue viabilizada por la fiscal María Laura Presedo, ante una presentación del gobierno de la Ciudad.

"El más elemental principio de legalidad impide sancionar o tan solo imputar a padres 'que no retiran a sus hijos", destacó la Secretaria, y aseguró que "tampoco son punibles los estudiantes por ser menores de 18 años y estar actuando en el legítimo ejercicio de un derecho".

"Nos encontramos frente al inicio de una causa contravencional carente de sustento jurídico que pareciera tener como único objetivo causar miedo y disciplinar a padres y alumnos/as, al ser visitados temerariamente por personal policial en sus propios domicilios", dijo el secretario Horacio Pietragalla Corti.

La decisión de la Secretaría de Derechos Humanos sigue a las denuncias que el Gobierno porteño realizó contra familias de estudiantes que participan de las tomas, a las que les exigió una suma de 1.5 millones de pesos por cada día de protesta.

En tanto, la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg conocida como "Lengüitas", realizó un abrazo simbólico al establecimiento.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad convocó al Ministerio de Educación porteño, directivos de escuelas y estudiantes a una reunión para "generar un espacio de mediación y diálogo", sin que se hayan presentado las autoridades porteñas.

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