La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de la Argentina que viajó a Colombia para relevar la situación en las protestas denunció que lo que está aconteciendo "es una masacre y el ejercicio del terrorismo de Estado sobre la población".

"Acá la situación es absolutamente crítica, se han viralizado videos donde se muestra la actuación de las fuerzas policiales en conjunto con civiles", informó Marianela Navarro, delegada de Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y parte de la delegación que viajó a Colombia el 25 de mayo.

Navarro, quien está relevando la situación en Cali, la ciudad más afectada por la violencia, dijo que en las últimas 24 horas "se reportaron ocho muertes", pero que "ya son más de 40 los asesinados" en la capital del Valle de Cauca.

"Hay denuncias de torturas a estudiantes, abusos sexuales a mujeres, vejaciones, detenciones arbitrarias, una situación represiva muy compleja que requiere de la mayor cobertura internacional porque lo que está aconteciendo en toda esta zona es una masacre y es el ejercicio del terrorismo de Estado sobre la población", expresó la activista en un mensaje enviado a la prensa.

"Ante la protesta social, la respuesta del Estado ha sido la ofensiva militar", sostuvo la mujer y pidió que se difunda la información para dar visibilidad a la grave situación de violación de los derechos humanos y "delitos de lesa humanidad" que la misión pudo comprobar no solo en Cali sino en todo el territorio de Colombia.

Colombia cumplió el jueves un mes del Paro Nacional que nació como rechazo a una reforma fiscal, luego retirada por el Gobierno de Iván Duque que decidió militarizar las calles, lo que derivó en represión y acusaciones de abuso sexual por parte de las fuerzas, y en denuncias de disturbios, saqueos y actos de vandalismo en manos de los manifestantes.

Al menos 59 personas murieron durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 866 civiles resultaron heridos, de los cuales al menos 50 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Además, se detuvo de manera arbitraria a al menos 2.152 personas y se cometió violencia de género contra 87 personas.