El Juzgado Federal N°1 de Resistencia comenzó el juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí, que abarca los crímenes perpetrados por el Estado en 1924 contra integrantes de pueblos originarios y campesinos en el entonces territorio nacional del Chaco.

En el debate interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay.

En esa misma línea, el fiscal Federico Carniel, expresó que “con toda la información que tenemos, del que nos dimos cuenta que es una enorme cantidad de material, esperamos lograr el pronunciamiento de un juez sobre los hechos y señalar a las víctimas y los victimarios”.

“Es un ejercicio de memoria colectiva que nos permitirá abordar los hechos”

Mario Paz, comunicador Qom y cofundador de la emisora Qom La’aqtaq, expresó que “esperamos con este juicio romper los 25 años de silencio. Gran parte de mi comunidad perdió su lengua materna y esperamos una reparación para la comunidad”.

La denominada Masacre de Nalpalpí fue perpetrada el 19 de julio de 1924. Según los registros históricos y la prueba recabada en la investigación preliminar desarrollada por la Unidad Fiscal, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, para acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón o salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.

De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscalía en el inicio de esta pesquisa, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron estimadas en 400, entre aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos pertenecían a comunidades originarias. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregado como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Sólo quince adultos lograron sobrevivir.

El juicio por la verdad fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal y se propuso como el mecanismo judicial adecuado para el juzgamiento de la Masacre como crimen de lesa humanidad, al no contar con responsables con vida y con el objetivo de cumplir con los derechos de las víctimas a la verdad, a una reparación integral y a la no repetición.