Era previsible. Ayer, a la hora del comienzo de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación para tratar la Reforma Previsional, se iban a repetir los desmanes del jueves pasado. Peor, aún. Sin embargo, la jueza Patricia López Vergara ordenó al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sus fuerzas de seguridad “no podrán utilizar armas de fuego” y que “las balas de goma y gases lacrimógenos solo podrán ser utilizados como último recurso y a una distancia que minimice las consecuencias para los manifestantes”. Citas textuales.

Es decir que, como ya se había decidido que no interviniera Gendarmería, los policías porteños tuvieron que ponerle el pecho a la horda que les produjo 88 bajas. ¿Más claro? 88 policías resultaron heridos.

Con las manos casi atadas, devolviendo piedrazos ante la duda de cuál es la “distancia que minimice las consecuencias de los manifestantes”, cuando estuvieron a punto de ser desbordados, recibieron el apoyo de la Policía Federal.

Exhibe un perfil muy particular la magistrada: tiene un despacho decorado cuasi Shopping, usa peinados estrafalarios y ha declarado públicamente que le gusta hacer el ridículo.

Eso es sólo anecdótico; no califica. Lo que califica es que su fallo puso en estado de indefensión a los uniformados frente a activistas con un grado de violencia de magnitud nunca vista.

Si la jueza tomó nota de los hechos de la semana pasada, no se entiende el fallo que, a todas luces, potenció el accionar de los agresores. Para muestra basta…basta ver cómo quedó destrozada la Plaza de los Dos Congresos.

Por aquello de que “No hay mal que por bien no venga”, la ingenuidad de la magistrada obliga a recordar que en cualquier sociedad civilizada la violencia se reprime. Así de sencillo, por más que los últimos tiempos hayan tergiversado el verdadero significado de la palabra (“Contener, detener, refrenar, castigar”).

Por Roberto A. Bravo