La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), reclamó la suspensión de la aplicación de aumentos en las tarifas de servicios públicos, que el gas en garrafa sea declarado un servicio público esencial y que el Gas Natural Comprimido (GNC) tenga un valor testigo. Luis Garay, defensor del Pueblo de Paraná y vicepresidente de ADPRA, habló con LT14 sobre el tema y dijo: “Cuando se habla de racionalidad y progresividad no hay que pensar en las empresas, sino en los trabajadores”.

La declaración surgió del primer plenario del año realizado por ADPRA, en la ciudad de Neuquén, entre el miércoles y el viernes pasado. “Sabíamos que la intención del gobierno nacional era establecer un nuevo cuadro tarifario del gas, por eso decidimos pronunciarnos con anticipación y pedir expresamente que se suspenda cualquier tipo de aumento en el año calendario de abril de 2017 a abril de 2018”, explicó Garay en diálogo con Duro de callar.

La iniciativa fue presentada por el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, y apoyada por los Defensores de Paraná, Luis Garay (titular) y Pablo Donadío (adjunto), entre otros integrantes del plenario.

Seguidamente, el defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, recordó que “el fallo en el caso Cepis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y de no confiscatoriedad, y el gobierno nacional no lo está cumpliendo”, dijo Garay.

Y continuó: “Si sumamos los tres aumentos que el gobierno piensa dar (en abril 2017, octubre 2017 y abril 2018) sería un 90 por ciento de aumento, muy lejos de la discusión de las paritarias de algunos gremios”, señaló.

Entre los fundamentos, se afirmó que “siguen sin contemplar los principios de proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y no confiscatoriedad considerados indispensables por la Justicia argentina”.

En la declaración final de la Asociación se consideró que “los aumentos no respetan el fallo en el caso Cepis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y de no confiscatoriedad”. Y se señaló que “las subas de tarifas deben realizarse una vez al año, tal cual ocurre con las paritarias pero previas a ellas, así los acuerdos salariales podrán medir el impacto de aquellas en los bolsillos del trabajador”.