El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió al juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta la detención de una médica del Hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad. La profesional, que sería la única de ese Hospital que no es objetora de conciencia, intervino en la interrupción legal del embarazo de 22 semanas y dos días realizado a una joven de 21 años. "Están basados en una justicia patriarcal. Hay un hostigamiento claro de grupos antiderechos", expresó la delegada de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. "El acto jurídico del juez y el fiscal está privando a las mujeres del NOA al acceso de un derecho", sostuvo Cuevas, y agregó: "Estamos todos en alerta nacional. Antes iban por las mujeres y ahora van por los profesionales".

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