La Cámara de Diputados buscará este viernes aprobar el proyecto de ley de Bases, con la incorporación de nuevos cambios en el capítulo de privatizaciones, en una sesión especial cargada de tensión por los incidentes entre las fuerzas de seguridad y militantes de izquierda que realizaron una marcha en contra de esa iniciativa frente al Congreso. Desde el Congreso, Amanda Alma comparte la crónica de lo que fue la segunda jornada de la sesión especial.

Tras veinticuatro horas de debate, entre miércoles y jueves, faltaban 17 oradores para hacer uso de la palabra previo a la votación en general, en la que el oficialismo tenía garantizado el respaldo de los bloques dialoguistas.

La propuesta de pasar a un cuarto intermedio fue formulada por el jefe de la bancada de LLA, Oscar Zago.

El Gobierno tenía el apoyo de unos 143 diputados para aprobar en general el dictamen de mayoría con el aporte de 38 diputados de La Libertad Avanza, 34 de la UCR, 18 de Hacemos Coalición Federal, 37 del Pro, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 Buenos Aires Libre, 1 de Creo, 1 Avanza Libertad, y 1 Unidad Mendocina.

La sesión especial, conducida por Martín Menem, se desarrolló en una clima de tensión por los graves incidentes sucedidos en las adyacencias del Congreso entre las fuerzas de Seguridad y los militantes de izquierda y organizaciones sociales que rechazan el proyecto propiciado por el Gobierno.

En cada uno de los discursos de Unión por la Patria había referencia a los serios incidentes cerca del Parlamento, e incluso respaldaron un pedido de la diputada de izquierda Romina del Pla de hacer un cuarto intermedio "por la represión" que fue rechazado por la LLA, el Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal, e Innovación.

En ese contexto y en un clima de fuerte tensión, el presidente del bloque de UxP Germán Martín presentó una moción para establecer un cuarto intermedio por la "terrible represión que se vive en la calle", que fue rechazado por los bloques dialoguistas e incluso el presidente de Hacemos, Miguel Pichetto, señaló que "no se puede interrumpir la labor de un poder del Estado".

También respaldó la propuesta de su bloque Máximo Kirchner, a través de una cuestión de privilegio, en la que planteó: "Vamos a ver qué sucede afuera, es solamente para que haya la menor cantidad de argentinos y argentinas lastimados, trabajen en una fuerza de seguridad o no".

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el portavoz presidencial, Manuel Adorini, concurrieron por la tarde a Diputados y a la noche se sumó el ministro del Interior, Guillermo Francos, para seguir de cerca el desarrollo de la sesión.

A lo largo de la jornada también se sucedieron reuniones entre diputados oficialistas y opositores dialoguistas para superar las diferencias sobre seguridad, facultades delegadas y privatizaciones, y a la noche LLA envió un nuevo borrador de modificaciones donde se tomaron algunas sugerencias de los bloques de la UCR y Hacemos.

En ese sentido, La Libertad Avanza propuso a los bloques dialoguistas eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de ley Bases y estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas.

Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

En ese borrador que contienen los cambios, el Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras.

El nuevo capítulo divide en tres artículos con sus anexos las empresas a privatizar en forma total con sus respectivos anexos, y otro para las privatizaciones parciales, para que así no se rechacen todas las ventas de las empresas públicas.

En cambio, mantuvieron la declaración de emergencia en materia económica, financiera, administrativa, tarifaria, energética, seguridad y administrativa, y el capítulo sobre deuda donde se elimina la obligación de pedir autorización al Congreso previo a tomar un endeudamiento como establece la ley vigente.

Panorama Nacional, lunes a viernes de 6.00 a 7.00.