La sociedad mendocina está entre asombrada y dolorida por los casos de las niñas de 10 y 11 años, que están embarazadas, víctimas de abusos cometidos por familiares.

La gente recuerda que, en 1993, había sido shockeante el caso de una joven de 15 años que dio a luz aquí, en San Rafael, en el hospital Teodoro J. Schestakow.”¡Cómo puede ser, apenas es una niña!” se escuchaba por doquier. Para resguardar la identidad de la menor no trascendieron detalles que hoy son moneda corriente. Y, esa suerte de pudor social, no impidió que  la justicia actuara. Hoy se sabe todo de los presuntos abusadores. Nada reparará el daño causado si no han sido culpables. Pero bueno; ese es otro tema en el que estamos involucrados los

Comunicadores. A lo que iba es que, aún no cumplido el cuarto de siglo, bajó considerablemente la edad de embarazo por violaciones.

Los casos actuales ponen sobre el tapete el tema de la educación sexual a edad temprana en las escuelas. Está vigente la polémica por los padres que exigen exclusividad para educar a sus hijos, pero ahora se suma a qué edad y cómo impartirla.

Es que niñas de 10 y 11 años no tienen madurez mental para recibir educación sexual. En todo caso, se les podrá pedir que estén atentas a contactos físicos e insinuaciones verbales. Ahora, en qué medida para no arruinarles la niñez, para que no vivan con fantasmas, para que no malinterpreten roces y palabras de sus pares varones en los juegos comunes.

Hemos abordado la inclusión de la Educación Sexual dentro de los planes de estudio. También hemos hablado de las víctimas. ¿Y los victimarios?

Promediando mayo, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional promulgo la ley que aumentó penas a violadores. En Mendoza ya rige el Registro de Violadores que, incluso, pasaría a integrar otro registro del F.B.I. Pero, en virtud del aumento de la casuística, todo parece insuficiente para encontrar solución al problema mayor.

Por Roberto A. Bravo