Tras el envío por parte del presidente Alberto Fernández del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la abogada e investigadora Natalia Saralegui Ferrante, señaló que se trata de una “deuda de la democracia”. “Es un proyecto positivo, más allá de la penalización después de la semana 14”, explicó la abogada y coautora del libro  “Dicen que tuve un bebé”, que investigó los casos de criminalización de las mujeres por abortar en el país. “Hay patrones de conducta en todo el país, como el castigo ejemplificador, la estigmatización de una 'mala madre” o de “mujer de vida licenciosa”. Hay penas de prisión", indicó Saralegui Ferrante.

Al respecto, las cifras son elocuentes. Según a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro,  “entre 2012 y la actualidad registramos en medios de todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos”. “En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados la abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Se trata de mujeres que necesitaban el cuidado del Estado y la garantía de sus derechos. Sin embargo, la política penal que sostiene la persecución de abortos se orientó y orienta hacia las mujeres pobres”, indicaron desde la Campaña.