En Ahí Vamos, Luis Bruschtein se refirió al rechazo que manifestaron desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a los nuevos aumentos que las empresas de comunicaciones informaron a los usuarios para agosto y septiembre. El desacuerdo del Enacom tiene que ver con una “discusión de fondo” que existe entre las partes y que corresponden al decreto que emitió el presidente Alberto Fernández el año pasado, en el que declaró a la telefonía fija y móvil,  a internet y a la televisión paga como servicio público esencial. Por consiguiente el Enacom tiene la responsabilidad de regular los servicios, autorizando o no dichos aumentos;  y debe exigir garantía a las empresas de que “van a cubrir todo el territorio”.

 “En Argentina en este momento, en Formosa solamente el 30 % de la población tiene acceso a estos servicios. En las provincias del sur que tiene acceso a internet no pasa del 40 ó 50 %, porque todavía no es rentable hacer una instalación allí. Cuando salió este decreto, rápidamente las corporaciones consiguieron dos o tres jueces que sacaron dos medidas federales que también fueron reafirmadas por la Cámara Federal del ámbito administrativo. Con lo cual se demuestra que todavía la Justicia está más interesada en defender los intereses corporativos que el interés público”, expresó.