El Gobierno nacional dispuso la derogación del decreto 45/2019, firmado por la administración de Mauricio Macri, que permitía el sufragio a través de correo postal, antes de la fecha de elecciones, tanto en las PASO como en las generales. La decisión está en consonancia con el dictamen de la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Laura Monti, que dos semanas atrás se pronunció consideró inconstitucional la norma dictada por Cambiemos. Por este motivo, en Tarde para Todo charlamos con Patricia García Blanco, Secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación. "Los decretos derogados hoy planteaban el voto anticipado de las personas privadas de su libertad y del comando electoral. Se votaba entre 10 y 7 días antes. Es un sistema de voto anticipado no previsto en el Código electoral", señaló.
"En 2019 cuando se publicaron estos dos decretos, fuerzas políticas se presentaron ante la justicia a reclamar la inconstitucionalidad de ambos. Incluso el del decreto 45 que permite votar por correo postal a ciudadanos que viven en el gobierno anterior. Claramente como han gobernado a través de decretos durante toda su gestión esta fue una materia más, infringiendo la constitución, porque todo lo electoral está vedado para decretos. Entonces se suspendieron estos dos decretos, pero el 45 que permite votar a los argentinos del exterior, se aplicó", argumentó García Blanco.
Se propuso la derogación del decreto 45 porque "el sistema de votación debe ser presencial. No era el camino correcto, el decreto no es la figura jurídica con el cual uno puede modificar una ley electoral. Para eso hay que ir al Congreso", aseguró.
Entre sus principales argumentos, la Procuradora Fiscal Monti consideró que la habilitación de la modalidad postal de sufragio y la posibilidad de hacerlo con antelación a la fecha de las elecciones establecidas en el cronograma electoral, constituían una clara violación al sistema jurídico argentino que prohíbe la modificación de leyes a través de decretos.
Además, la Procuradora ratificó que el ámbito exclusivo para realizar cualquier modificación a la legislación electoral es el Congreso de la Nación, donde cualquier innovación debe contar con una mayoría espacial en ambas Cámaras.