El Gobierno nacional afirmó que las "razones de urgencia y necesidad" que motivaron el DNU 70/2023 "constituyen cuestiones políticas no justiciables", tras lo cual reclamó que el Poder Judicial no intervenga en las causas contra el decreto del presidente Javier Milei porque ya está a consideración del Congreso.

La opinión del Gobierno nacional quedó plasmada en distintas presentaciones realizadas por abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Rodolfo Barra, a las que se accedió a través de fuentes judiciales.

"Debe anticiparse que las razones de urgencia y necesidad constituyen cuestiones políticas no justiciables. Por lo tanto, actualmente el DNU se encuentra bajo la revisión y control del Congreso de la Nación; por lo que, la intervención de la Justicia en esta instancia sería al menos prematura además de transgredirse el principio de división de poderes", sostuvieron los abogados.

"No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial", afirmaron en las presentaciones a las que accedió esta agencia.

"La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable. Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política", enfatizaron.