Hoy comienzan las indagatorias por el robo de caños del Gasoducto del NEA, material que debía colocarse en el municipio de Aguaray, al norte de la Provincia de Salta. Son once los acusados, entre ellos el intendente de la localidad Enrique "Quique" Prado y su ex secretario de Hacienda, Freddy Céspedes, y hay una persona prófuga de la justicia. La denuncia surgió desde la empresa de Integración Energética Argentina (ex ENARSA).

El proceso está encabezado por el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, y los fiscales federales José Luis Bruno, Eduardo Villalba y Marcos César Romero.

La fiscal auxiliar en la causa, Roxana Gual, dijo que los caños se llevaron desde Salta a Buenos Aires y se vendieron por un valor de 1.300.000 pesos. Sostuvo que "todos los caminos nos remiten al intendente" Enrique Prado, ya que al asumir el cargo en diciembre último emitió una resolución en la que autoriza el traslado de los caños para una supuesta "remediación".