Desde el Instituto Provincial de la Vivienda alertaron una regularidad con una casa que había sido entregada recientemente, por lo que, tras una investigación dieron marcha atrás con la adjudicación. “Hemos actuado con rapidez y el lunes, la gente del área social había detectado que el número de WhatAspp que la persona publicaba en la red social, era el que correspondía a uno de los postulantes del Barrio 500 Viviendas de Las Talitas, así que rápidamente hemos podido identificar la casa. El lunes se hizo la inspección correspondiente y la casa estaba deshabitada, sin conexión del medidor, lo que significa que nunca ha sido utilizada y por eso en este caso nos ha sido fácil detectar cuál era la vivienda que se intentaba vender. La obligación de quien se le asigna una vivienda a través del Instituto, es que están destinadas a personas que no tienen casas y que la necesitan. Hemos tomado todas las medidas necesarias para recuperar esa vivienda. Ya se hizo la resolución rescindiendo el otorgamiento de la vivienda e inclusive se ha instruido al área de recupero para que, en el caso de haberse cometido un delito, se lo investigue penalmente”, comentó la interventora del IPV, Stella Maris Córdoba.
DENUNCIA PENAL