El presidente Mauricio Macri firmó un decreto que establece que el nuevo directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA) ejercerá sus funciones en carácter ad-honorem, y sumado esto a la eliminación de la planta de asesores dispuesta en noviembre, el Estado se ahorrará unos 48 millones de pesos, según estimaciones de fuentes oficiales.

En 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner había firmado un decreto por el que los miembros del directorio de RTA, actuante en el ámbito de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tuvieran rango y jerarquía de secretario.

El decreto 1052, publicado en el Boletín Oficial deroga al anterior, y establece en su artículo número uno que "las funciones de los miembros del Directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado tendrán carácter ad-honorem".

Hernán Lombardi, ministro de Medios y Contenidos Públicos, afirmó sobre la nueva disposición que "la austeridad y bajar el costo de la política son objetivos de nuestra gestión al frente de los medios públicos".

"Estas medidas son el sustento de una nueva conformación organizativa basada en la eficiencia y en la racionalidad, que pueda traducirse en estructuras dinámicas y adaptables a los cambios permanentes", concluyó.

De ahora en más, la Asamblea de RTA "podrá fijar una remuneración a los miembros del Directorio en el caso que se les asigne el ejercicio de funciones técnicas y administrativas, relacionadas con la gestión y el giro normal y habitual de la sociedad, que por su dedicación y responsabilidad que representan, justifiquen la remuneración de tales actividades".

Sin embargo, "en ningún caso, esa remuneración podrá ser superior a la asignada por todo concepto a un Secretario de Estado", dispone el decreto que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y el jefe de gabinete Marcos Peña.

El 29 de noviembre pasado se determinó, a través del acta de directorio número 83, la eliminación definitiva de la planta de 31 asesores, que percibieron hasta el 10 de diciembre de este año -fecha en la que culminó el contrato- una suma total de casi 29 millones de pesos.

Tanto la derogación del decreto de Cristina Kirchner como la resolución del acta de directorio implican en conjunto un ahorro anual de 48 millones de pesos: casi 19 millones corresponden a la suma de los miembros del directorio, más los 29 millones percibidos por la planta de asesores.