Las comunidades mapuches que viven en Malargüe denunciaron, a través de un comunicado, una escalada de violencia institucional por parte de la justicia para despojarlos de sus territorios en favor de empresarios terratenientes que pretenden hacer negocios inmobiliarios y/o petroleros.
En diálogo con LV19 Radio Nacional Malargüe, Gabriel Jofré, referente de la organización mapuche Malal Weche en Malargüe decía: “Con nuestro comunicado nos hacemos eco del que emitió la APDH, cuando convocó a una mesa de diálogo, porque esta temática debe ser tratada, ya que la legislación de ganadería, de zona de frontera y de otras, pareciera que para esta gente no existe”.
El comunicado explicaba: “Queremos denunciar una serie de hechos que violan el Debido Proceso, profundizan el Abuso de Poder y el accionar sistemático del Poder Judicial en su fuero Penal en la Provincia de Mendoza”.
Y aseguran que: “Tanto el juzgado penal de Malargüe a cargo del Juez Olmedo, como la fiscalía local a cargo de Andrea Llorente, vienen estableciendo hitos para reunir en esta denuncia pública una lista de casos que confirman la impunidad, el racismo, la desigualdad y la violencia institucional”.
Jofré agregó en Radio Nacional Malargüe: “Cosas que nos rechaza la fiscal Llorente o el juez Olmedo, después nos dan a favor en las Cámaras”.
En tanto explicó: “Nosotros vamos a enfrentar a la justicia porque creemos que están desactualizados, porque tienen que entender que el mundo ha cambiado y estamos en el siglo XXI, que hay derechos ambientales, humanos y civil”.
El referente de la organización mapuche Malal Weche en Malargüe aseguró en LV 19: “Es importante poner en discusión todo esto mediante esa mesa de diálogo para ver si se bajan de los pedestales donde se han puesto, con sus tremendos sueldos y todas las condiciones administrativas que tienen, y se ponen a hablar con nuestra gente para empezar a entendernos”.
Al final del comunicado emitido por la comunidad, afirman: “El Estado y sus tres poderes acumulan una deuda histórica para con los Pueblos Originarios y sus comunidades de familias campesinas y puesteras en toda la extensión de la Provincia de Mendoza, no es la Justicia quien debe resolver esta situación, pero si es la responsable de garantizar la NO VIOLACIÓN de Derechos Humanos y de Derechos Indígenas protegidos en la Constitución Nacional y en Convenciones Internacionales”.
