La Argentina junto a Chile y Bolivia conforman el triángulo del litio, lugar donde se concentra el 85 por ciento del litio de fácil extracción del mundo. En un contexto de reconversión energética global, el valor del litio pasó de los 10.000 dólares en 2021 a los 60.000 en 2022, por lo que los gobiernos de Chile, Bolivia e incluso Brasil avanzaron con la declaración del litio como "recurso estratégico" y su explotación con empresas públicas nacionales.

Sin embargo en la Argentina, no hay un marco legal que regule la extracción del litio, por lo que las empresas internacionales (en su mayoría chinas o estadounidenses) lo obtienen sin dejar nada al Estado Nacional, salvo los impuestos que pagan por desarrollar sus actividades, que se deducen de declaraciones juradas elaboradas por los privados sin ninguna fiscalización.

Es por esto que el especialista e investigador del CONICET, Bruno Fornillo, considera que "el boom del litio es una mentira publicitaria" y que estamos ante" un saqueo con todas las letras" que "delata la ausencia del Estado" en la defensa de un bien público, y asegura que en Argentina no se declara recurso estratégico al litio por los intereses de las "elites provinciales" y el lobby minero.