La paralización de los camioneros en Chile ha escalado en conflictividad con las horas, desde que el lunes arrancó una movilización en reclamo por mayor seguridad en las rutas y en protestas por el alza del precio de los combustibles. Aunque el Gobierno de Gabriel Boric llegó a un acuerdo con cinco de las agrupaciones, “ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras, lo que ha afectado a las personas, a la circulación y el abastecimiento en distintos puntos del país”, según describió la vicepresidenta Carolina Tohá.

La máxima autoridad política del país, mientras el presidente Gabriel Boric se encuentra de gira en México, anunció que el Ejecutivo se querellará por la Ley de Seguridad Interior del Estado, una herramienta legal que aplica las máximas sanciones contra los declarados culpables por la Justicia. “No es aceptable, no lo vamos a tolerar”, agregó Tohá, que llegó al Gobierno a comienzos de septiembre con la principal misión de controlar la crisis de seguridad pública que enfrenta Chile y que ha puesto la delincuencia como la primera preocupación ciudadana.

El conflicto, sobre todo, se concentra en las regiones del norte del territorio, pero afecta a diferentes zonas. El presidente de uno de los principales gremios empresariales, Juan Sutil, de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), valoró el anuncio del Ejecutivo, mientras que las agrupaciones de supermercados informaron de las complejidades que han enfrentado: “Hemos experimentado dificultades logísticas que han alterado el normal abastecimiento a lo largo de todo el país, en particular en la zona norte”, aseguraron en un comunicado, donde se informó que la preocupación por “el abastecimiento de productos perecibles en los próximos días, de mantenerse la paralización”, dijo Catalina Mertz, presidenta de Supermercados de Chile.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha calificado de “desproporcionadas” las exigencias de los camioneros, que, entre otros asuntos, exigen rebajar el precio de los combustibles en un 30% durante seis meses, lo que podría tener un valor de 6.500 millones de dólares para el Estado. “Dificultar la vida de todos los chilenos nos parece inadecuado y tiene los problemas de legalidad que ha estado planteado el Ministerio del Interior”, aseguró el economista, que realizó comparaciones con el valor de otras políticas públicas, como el presupuesto de la salud primaria, que cuesta al Fisco unos 3.000 millones de dólares.

Mientras, los exportadores hablan de una “crítica situación” para el embarque de fruta en Valparaíso, uno de los principales puertos chilenos, cuyo acceso se encuentra bloqueado para el tránsito de los productos que están destinados a la exportación. “Esto es grave, pues daña la imagen externa de Chile y el cumplimiento de las fechas se entrega, pero también a nuestros compradores y consumidores en los mercados externos que están esperando nuestra fruta”, ha asegurado Iván Marambio, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex), que ejemplificó con la exportación de cerezas, un producto especialmente esperado en estas fechas por el mercado de China.

Fuente: El País, España