El Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo en una causa por narcomenudeo en donde declara inconstitucional un artículo de la Ley de Estupefacientes que establece que la mínima condena en caso de comercialización de drogas tiene que ser 4 años.
Audio: José Fabián Asís, Vocal del Tribunal Oral Federal Nº 2
El TSJ dijo que hay casos de poca cuantía de droga secuestrada o de ciertas características que no hablan de una red de narcotráfico, sino de personas de sectores vulnerables.
Coincidentemente de forma separada en el Tribunal Oral Federal Nº 2 se produjo una sentencia con características muy particulares. Una mujer madre soltera con cuatro hijos que vivía literalmente en una tapera en barrio Yapeyú, llega a juicio por comercializar en dos hechos diferentes, dos gramos de picadura de marihuana. La condenaron pero establecieron que cuatro años es demasiado por la vulnerabilidad de la mujer, porque no hay una red de narcotráfico, por la poca cuantía y que encima era de mala calidad.
En la Radio de Todos el Vocal del Tribunal Oral Federal Nº 2, José Fabián Asís dio detalles de por qué llegan a esta conclusión y si existen casos importantes de narcotráfico que se estén investigando en Córdoba.
“En el caso puntal de esta imputada, tenía un estado de vulnerabilidad en el cual el monto mínimo de la Ley de Estupefacientes no resultaba proporcional a las condiciones personales, ni al hecho por el que ha sido juzgada. Ya existían antecedentes de la inconstitucionalidad para casos donde no se advierte que sean organizaciones destinadas al narcotráfico” explicó Asís.
Además, dijo que “hace tiempo que no tenemos causas de una envergadura notable en cuanto a la comercialización de estupefacientes”.
Es decir que en Córdoba, no hay causas donde se investiguen grandes organizaciones de narcotráfico, sin más bien todas las causas son de poca cuantía de droga y de personas de sectores vulnerables.
El último dato, dice que al Estado le cuesta que una causa llegue a juicio 10 mil dólares. Para encarcelar por ejemplo, a una mujer de bajos recursos en estado de vulnerabilidad, por la venta de dos gramos de marihuana de mala calidad.
