La Octava Cámara del Crimen de Mendoza revocó la prisión preventiva contra Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru en la provincia, y a cuatro familiares, por lo que todos recuperaron la libertad. El fallo de la Justicia beneficia, además de a Rojas, a su esposo Ramón Martínez; a sus hijas Carla y Leonela, y a su nuera, Fanny Villegas.

La Cámara cuestionó el desempeño de la fiscal Gabriela Cháves al considerar que no estaban probadas las imputaciones de asociación ilícita y coacciones agravadas que recaían sobre gran parte de los implicados. La Fiscal Cháves ha recibido total apoyo del Fiscal de Estado Alejandro Gullé, quien señaló que tiene confianza ciega en ella.

En diálogo con LV4 la funcionaria judicial dijo que “esto la hizo tomar conciencia de que tiene que ver con algo político y no con un análisis jurídico de la situación. Se ha manipulado un montón de prueba al analizarla y se hace todo un razonamiento que muestra la imparcialidad de la Cámara. Lo grave de esta resolución es que  no reconoce a las víctimas en ese lugar, sino que las coloca como personas que han sido afectadas porque no recibieron casa, pero que no son víctimas. Ningunea el miedo que ellos han tenido, ningunea el sometimiento al que fueron sometidos durante este tiempo. Los pone como personas que han sido afectadas y que lo tienen que resolver  debería ser por la vía civil y no por la penal. Pero además de eso, lo gravísimo es que lo que está diciendo es que el Ministerio Público, por haber investigado, ha cometido un delito. Eso es muy grave para la sociedad, porque si un fiscal se mete en un lugar donde hay poder, evidentemente la va a pasar mal. Obviamente no me van a amedrentar, pero el mensaje para la sociedad es muy grave”.

“Es tan ambigua la resolución, que tiene todo un razonamiento lógico de atipicidad, y dice que la consecuencia debiera haber sido el sobreseimiento. De hecho así lo pidió la defensa. Tampoco anula los avoques y me dice  que siga investigando. Es medio perverso -calificó la Fiscal- ¿qué es lo que voy a investigar, si me está diciendo que no es delito? Esa es la contradicción que planteo y lo hacen para hacerme más difícil el recurso de casación. Así de manipulada está la cosa”.

El gobernador Cornejo no solamente ha ponderado el trabajo de la Fiscal Cháves. Calificó el fallo de “aberrante” y espera que la Corte enmiende la situación.

La Fiscal reafirmó que “el rol del Ministerio público es precisamente investigar delitos y perseguirlos, es decir que si esa conducta, esperada del fiscal es la que cuestiona la Cámara, pone la situación en una crisis importante. Entonces el mensaje es que los fiscales no tenemos que investigar, porque seríamos arbitrarios. Esto se da porque según la Cámara investigamos a una agrupación que es democrática y con derechos a exigirles (a las víctimas) que trabajen de manera obligatoria y que vayan a las marchas y a que los obliguen a votar por determinado partido político. A todo eso tenía derecho la agrupación, porque ellos  lo conocían de antemano. Como si supieran donde se estaban metiendo. Es descabellado el mensaje -aseguró Cháves. Por eso ya estamos trabajando desde el Ministerio Público, porque no podemos consentir  este acto terriblemente injusto de la Cámara”.

“Esta, lamentablemente ha sido una decisión política -insistió- y no les ha importado un carajo las víctimas y esa es la realidad. Por eso es que el Ministerio público no puede consentir este acto, que es absolutamente arbitrario”.

Cháves aseguró que continuará investigando. Dijo que las personas afectadas están muy asustadas y que pedirían protección, que obligatoriamente debe ofrecerles el Ministerio público.

Finalmente mencionó que un caso con este tipo de controversia “creo que nos pone a todos los actores judiciales en un lugar de mucho aprendizaje. También de las cosas malas se aprende mucho. Porque en qué lugar  estamos nosotros los que tenemos la obligación de brindar justicia desde algún rol?”.