El Director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo estar “preocupados” ante el accionar del gobierno porteño que este martes por la noche envió efectivos de la Policía de la Ciudad a las casas de las familias de los estudiantes que realizan tomas en escuelas públicas, para notificarlos que deberán pagar de $1,5 millón por cada día de toma.

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Manuel Tufró sostuvo que las del gobierno porteño “son reacciones fuera de escala” y afirmó que “quieren sentar un precedente de procedimiento”. “Es una actitud claramente destinada a amedrentar y a generar miedo”, subrayó. En tanto, abogó “por una instancia de mediación” y dejar de “criminalizar la protesta”.

Tras señalar que “no es usual que por una contravención se envíe a la Policía”, Tufró manifestó que “está en juego el derecho democrático de la protesta”.
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