Se conocieron nuevas imágenes que involucran al camarista Mariano Llorens y se suman a las difundidas del fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del Tribunal Oral Federal 2 que juzga a Cristina Fernández de Kirchner por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz, en un torneo de fútbol organizado en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri, lo que motivó la recusación impulsada por la defensa de la vicepresidenta. La abogada laboralista Natalia Salvo se preguntó ¿qué imparcialidad pueden tener un fiscal y un juez que tienen un vínculo amistad con Macri, que es quien impulsó esa causa y es su principal persecutor político?

En ese sentido, enfatizó la importancia “del principio de imparcialidad y equidistancia de las partes del que va a juzgar" que "es una garantía procesal imprescindible y central” y advirtió que estas reuniones “manchan y vulneran ese principio” porque, agregó, “se quiebra el principio de imparcialidad y objetividad de los jueces para juzgar y de los fiscales para acusar”.

La abogada y docente universitaria sostuvo que “tenemos una justicia del doble estándar, sobre todo la justicia federal, por un lado persecutoria para algunos dirigentes políticos y, por otro lado, procura impunidad”.

Puso en duda, a su vez, la solidez de la causa y consideró que el alegato del fiscal “es una afirmación de hechos que no están fundados en pruebas sino que parece un discurso político”.

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