Ayer fue la primera audiencia en el segundo juicio vinculado al femicidio de Cintia Fernández, ocurrido en 2011, hecho por el cual fue condenado en 2019 el ex policía Mario Antonio Condorí. Ahora la oficial de policía Gimena Antonia Núñez está siendo juzgada como autora de los delitos de falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso real, acusaciones que se sustentaron después del primer juicio.

Al iniciar la ronda de testigos, declaró Ana del Valle Fernández, madre de Cintia, quien rememoró lo vivido la noche del 3 de mayo de 2011 en el departamento de barrio Parque La Vega, sus intercambios con personal policial desde aquel momento y las distintas irregularidades que fue detectando a lo largo de la investigación y que la llevaron a cuestionarla y a realizar presentaciones judiciales.

Al ser consultada por esta declaración testimonial, dijo a Radio Nacional Salta que por el accionar de Núñez la causa tardó muchos años en ser resuelta. En ese sentido acusó también a quienes estaban al mando de la fuerza durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, el ex secretario de Seguridad, Aldo Rogelio Saravia; y el ex ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner. 

Fernández opinó que estas supuestas órdenes ejecutadas por Núñez en favor de Condorí fueron para ocultar la corrupción dentro de la fuerza, que actuaba con anuencia de sectores de poder en Salta.

A su turno, Pedro García Castiella, actual procurador general de Salta, prestó declaración como testigo de manera presencial y renunciando a toda prerrogativa, por su desempeño como abogado querellante de Ana Fernández durante la audiencia de debate.

García Castiella declaró que Gimena Núñez omitió los primeros pasos de la investigación que quedaron en evidencia durante el debate de 2019. No se relevaron testigos que tenían información valiosa en la escena del hecho, no se secuestró documentación que fue encontrada en el departamento de la víctima y se cometieron otros errores "groseros" que perjudicaron el avance de la causa. Se mencionó que, de no haber sido así, dicha causa podría haber sido resuelta en pocos meses y no en ocho años, como finalmente aconteció.