Luego de nueve años de ser sancionada, el gobierno nacional reglamentó la Ley 27118 que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, y por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.
La Mesa Agroalimentaria Argentina cuestionó la demora en la reglamentación y presentó algunas disconformidades, entre ellas al menos tres faltas: la de un presupuesto para la aplicación, la falta de reglamentación en 24 de los 36 artículos de la norma y la ausencia de consulta al sector en cuestión.
El espacio gremial está integrado por pequeños y medianos productores. Está formada por cinco organizaciones: la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena “Somos tierra”, Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) que es una agrupación disidente de la Federación Agraria que conforma la Mesa de Enlace; y la Federación de Organizaciones Nacionales de la Agricultura Familiar (FONAF).
Dialogamos Marisol Trota, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) “Somos tierra” en la Mesa Agroalimentaria Argentina.
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