Así lo indicó el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades del Ministerio de Asuntos Indígenas, Ariel Sánchez, al elevar esta mañana la presentación al juez Diego Rodríguez Pipino, quien la semana pasada decidió desalojar a Irene Martínez de la vivienda que su familia ocupó siempre.

El funcionario sostuvo que la presentación que el juez ignoró la rectificación que había presentado Asuntos Indígenas a una información que se expuso en el expediente y que en principio indicaba que Martínez no era parte de la comunidad. Ese fue el argumento principal del magistrado para decidir el desalojo, pese a que desde la cartera provincial se había rectificado la información.

Al hablar con Nacional, Sánchez explicó sobre la presentación hecha.

Por su parte, la abogada de la Comunidad, Verónica Huber, dio detalles de las presuntas irregularidades en las que incurrió el juez al decidir el desalojo. Agregó que hay una familia que no puede ingresar a su vivienda por la consigna policial que se dispuso en el lugar.