El Jefe de Gabinete de Ministros analizó la sentencia de la jueza Loretta Preska, criticó la gestión que llevó a la expropiación y detalló los pasos legales que seguirá el Gobierno frente a la condena.

El reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que condena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF, generó un fuerte pronunciamiento del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En una entrevista con Nicolás Yacoy en "Viva la Pepa", Francos no dudó en atribuir la situación a la "incapacidad de administrar políticas públicas del gobierno kirchnerista", que dejó al país "inerme" ante los reclamos internacionales.

Francos fue enfático al asegurar que las acciones del 51% de YPF, en manos del Estado argentino, no serán entregadas.

Explicó que una ley del Congreso de la Nación, que estableció la expropiación, también dictaminó que cualquier modificación sobre la propiedad de YPF requiere de una nueva ley con dos tercios de los votos de cada cámara, lo que las convierte en "intocables" para el Poder Ejecutivo.

"El gobierno lo que va a hacer es, en primer lugar, considerar que esas acciones son intocables, que son del país, que no tiene ninguna atribución el Poder Ejecutivo para poder modificarlo ni para entregarlo, y no lo va a hacer", afirmó el Jefe de Gabinete.

Además, ratificó que el Gobierno interpondrá todos los recursos de apelación necesarios contra la decisión de la jueza Preska, tal como ya se apeló la condena original de 16.100 millones de dólares. Francos dejó claro que no hay "ningún tipo de negociación posible mientras no haya una resolución firme de la Justicia de los Estados Unidos."

El Jefe de Gabinete no eludió la crítica a las administraciones anteriores, señalando una "responsabilidad política de quienes llevaron adelante este desaguisado". Remontándose al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, explicó que la suspensión de la distribución de dividendos forzó a Repsol —entonces dueña del 98% de YPF— a incorporar un socio privado, lo que llevó a la venta del 25% del paquete accionario a la empresa Petersen.

Esta transacción, realizada a través de sociedades constituidas en España y Australia y financiadas con créditos, sería el germen del problema actual. Francos subrayó cómo esta etapa inicial, aunque no una expropiación directa, sentó las bases para el conflicto.

La narrativa de Francos detalla cómo, en 2012, el gobierno de Cristina Kirchner resolvió "recuperar las acciones para la Argentina", concretando la expropiación y pagando 5.000 millones de dólares por el 51% en poder de Repsol. Sin embargo, el problema legal actual no proviene de ese acuerdo con Repsol, sino de la situación de las empresas Petersen.

Estas compañías, que habían adquirido su 25% con créditos bancarios y de la propia Repsol (con la expectativa de ser pagados con futuros dividendos), fueron ejecutadas por sus acreedores cuando no pudieron cumplir con los pagos. Esas acciones prendadas son las que terminaron en manos de "accionistas remanentes" y, finalmente, dieron lugar al juicio iniciado por Burford Capital, que compró los derechos para litigar.

Francos recordó que la exdiputada Elisa Carrió fue una de las primeras en denunciar por fraude a los involucrados en esta decisión, anticipando las consecuencias de una gestión que ahora, según el Gobierno, le cuesta al país.