El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció  por segunda vez al ex ministro de Energía Juan José Aranguren, y otros seis ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri, tras hallar “nuevas anomalías que trasuntan en ilícitos penales”, informaron desde el organismo.

El Ente informó en un comunicado que la denuncia se hizo “a raíz de las auditorías y revisiones llevadas adelante para Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Camuzzi Gas Pampeana, y de una serie de irregularidades y vicios administrativos que llevaron al Enargas a recomendar al Poder Ejecutivo declarar nulas las resoluciones de la Revisión Tarifaria Integral para ambas licenciatarias”.

También subrayó que “se verifican comportamientos y conductas que a primera vista encuentran encuadre en el Código Penal”, por parte de los ex funcionarios denunciados.

En tal sentido, el Enargas precisó que “dichos comportamientos y conductas resultan en una preliminar significación penal de, al menos, los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta, debiendo responder en calidad de coautores”.

“Cabe agregar que la denuncia se dirige también contra todas aquellas personas que eventualmente se identifiquen como penalmente responsables de los hechos”, añadió el organismo.

La denuncia incluye a Aranguren, a Daniel Perrone, ex subinterventor de Enargas; Andrés Chambouleyron, ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria; David Tezanos, ex interventor de Enargas; Andrés Ferraris, ex director nacional de Política Tarifaria; Juan Manuel Carassale, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Energía; y Graciela Bevacqua, ex directora técnica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

“Los hechos de la denuncia de sustentan en una presunta manipulación del factor de actualización de la base tarifaria, la cual tiene enorme relevancia en el cálculo tarifario, dado que incide en la tarifa desde dos puntos de vista, a saber: rentabilidad y amortizaciones. Lógicamente, ello impacta en la tarifa de los usuarios y las usuarias”, puntualizó el Ente.

Indicó que “se habría manipulado y establecido arbitrariamente el factor de actualización de la base tarifaria de las licenciatarias del servicio de transporte y distribución de gas por redes muy por encima del que hubiera surgido de un procedimiento administrativo correcto y transparente, a fin de asegurarles a dichas empresas un ingreso indebido solventado por los usuarios y las usuarias al pagar periódicamente las facturas de gas”.

De acuerdo al Enargas esto “tuvo un efecto sobre las tarifas del servicio que se refleja en los mayores montos en concepto de rentabilidad y amortizaciones que les aportaron a las licenciatarias ingresos en exceso para el quinquenio 2017-2021 por al menos $ 21.255 millones constantes de diciembre de 2016, equivalentes a US$ 1.343 millones, si se los compara con una propuesta alternativa analizada por los mismos funcionarios involucrados”.