Durante la última dictadura argentina, el Ejército usó aviones para arrojar al agua desde gran altura a personas secuestradas. En un fallo de gran relevancia, un tribunal consideró probada la existencia de vuelos de la muerte que partían desde la guarnición militar de Campo de Mayo, la mayor de Argentina, situada a las afueras de Buenos Aires. El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a cadena perpetua a cuatro exmilitares por los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio contra cuatro víctimas.

Los condenados fueron el excomandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, el excomandante del Batallón de Aviación 601 Luis del Valle Arce y dos oficiales más de ese batallón, Delsis Malacalza y Eduardo Lance. Con el fallo condenatorio, Riveros, supervisor de lo que ocurría en Campo de Mayo, acumula ya 16 sentencias a cadena perpetua.

Los jueces solicitaron que se realicen estudios médicos para determinar si los tres integrantes del Batallón pueden cumplir la condena en cárcel común. En la actualidad están en prisión domiciliaria. Además, el tribunal pidió profundizar la investigación sobre quiénes actuaron como pilotos y copilotos de los vuelos de la muerte que tuvieron lugar en Campo de Mayo.

El veredicto emitido es el primero en el que la Justicia reconoce los vuelos de la muerte como mecanismo de exterminio del Ejército durante la dictadura. En 2017, había considerado probado ya su uso por parte de la Armada con la condena a dos pilotos de los vuelos que partieron desde la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención del régimen militar. Las condenas formaron parte entonces del veredicto del mayor juicio de la historia de Argentina, la llamada megacausa de la ESMA, con 54 imputados por los delitos cometidos contra 789 víctimas.

En el fallo dictado se juzgó de forma exclusiva la mecánica de los vuelos de la muerte. Con ellos se sospecha que el Ejército desapareció a gran parte de los 4.000 detenidos que pasaron por allí, pero el juicio se centró en cuatro casos de los que se encontraron los restos en la orilla, donde llegaron empujados por la marea. Se trata de Juan Carlos Rosace, Adrián Accrescinbeni, Roberto Arancibia y Rosa Eugenia Novillo Corvalán. Fueron secuestrados entre 1976 y 1977 y trasladados al centro clandestino de detención El Campito que funcionó en Campo de Mayo. Allí les sometieron a torturas y después fueron drogados, subidos a aviones y arrojados desde gran altura al mar o al Río de la Plata.

El juicio comenzó en 2020 y su proceso ha sido muy complejo no sólo por la pandemia sino también por los hechos juzgados. Como nadie sobrevivió a los vuelos de la muerte no hay testigos directos y casi ningún militar, salvo Adolfo Scilingo y Víctor Ibáñez, ha confesado jamás que sabía de su existencia o participó en ellos.

La principal fuente para reconstruir lo sucedido fueron los exconscriptos, es decir, jóvenes que realizaron el servicio militar obligatorio en Campo de Mayo entre 1976 y 1977. Según sus testimonios, el destino común de los vuelos era Punta Indio, casi 150 kilómetros al sur de Buenos Aires, en la desembocadura del Río de la Plata.

Algunos exconscriptos relataron haber encontrado pertenencias de detenidos en las cercanías de la pista desde donde despegaban los aviones, mientras que otros encontraron también ampollas de Ketalar, la droga que se usaba para adormecerlos antes del traslado. Por regla general había como mínimo un vuelo de la muerte por semana.

Fuente: El País, España